Los episodios de la Semana de Mayo de 1810 y su desenlace con la instalación de la Junta Superior Provisional Gubernativa a nombre de Fernando VII el día 25, significaron el comienzo del largo proceso de desintegración de los territorios que conformaron el Virreinato del Río de La Plata.
La Junta instalada en Buenos Aires en Mayo de 1810 intentó reasumir las facultades inherentes a los virreyes luego de la destitución del
último de ellos, Don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Legitimada en el principio de retroversión, hacia el pueblo, de los derechos soberanos del monarca, quien no ejercía el poder por estar cautivo de Napoleón luego de que éste invadiera España, los miembros de la Junta confiaron en lograr la adhesión de los distintos pueblos que componían el Virreinato, más aún por haberse instalado dicho gobierno para salvaguardar los derechos soberanos del monarca a la posesión de estos territorios, mientras dure su cautiverio y para “no seguir la suerte de España”.
La Revolución de Mayo fue un movimiento anti-napoleónico y no anti-hispánico porque sus protagonistas trataron de evitar caer bajo la dominación de Napoleón, a la vez que seguir siendo parte integrante de la Corona Española. Fue una rebelión contra el absolutismo monárquico sin ninguna intención de romper lazos con la monarquía, a condición de estar la corona ceñida en la testa de algún miembro legítimo de la Casa Real y el respeto de ciertas libertades civiles. En su política destinada a preservar bajo su gobierno a los distintos territorios del Virreinato la Junta fracasó estrepitosamente.
El error fue su actitud avasallante hacia el interior al intentar lograr su adhesión ejerciendo una política de corte absolutista que iba en contra de sus propias declamaciones. El primer yerro político, la Junta lo comete en Córdoba, donde se produjo un tibio movimiento contrario, sin respaldo alguno por parte del resto de las ciudades que componían esa Intendencia, movimiento encabezado por cuatro o cinco aventureros conducidos
por Santiago de Liniers.
Todo terminó con el innecesario fusilamiento de ese grupo de llaneros solitarios. La imagen de la Junta en el interior ya no se recuperaría. El repudio de Montevideo no resulta llamativo y es a la vez explicable si se considera la antigua rivalidad comercial de este puerto con el de Buenos Aires y los constantes reclamos que efectuara a las autoridades para conformar una entidad independiente de la capital virreinal. Pero los errores más graves se cometieron en el Alto Perú y en Paraguay.
Luego de la victoria patriota en Suipacha las fuerzas militares del Virrey del Perú se repliegan permitiendo a los pueblos altoperuanos expresar su adhesión en forma unánime a la Junta de Buenos Aires y elegir sus diputados. Todo invitaba a actuar con prudencia. Pero allí estaba Juan José Castelli, enviado por la Junta, con instrucciones que lejos de apaciguar, ordenaban fusilamientos, confiscaciones, deportaciones y hasta habilitaban a la tropa para el saqueo. Las adhesiones se transformaron en dudas que con el tiempo traerán negativas consecuencias.
Respecto a la campaña al Paraguay encomendada a Belgrano, dicho prócer recibió instrucciones que eran un calco de las remitidas a Castelli. Fusilamientos, confiscaciones, limpiar de europeos al Paraguay, etc. La violencia de la Primera Junta más que una acción planificada que en la
realidad no existió, fue una reacción producto de medir las consecuencias violentas que se avecinaban, lo que hizo decaer su popularidad y con
ella se esfumaron las posibilidades de conservar la unión del ex Virreinato del Río de la Plata, a pesar del posterior esfuerzo de las armas patriotas
por intentarlo■
