Análisis del Dr. Marcelo Rodríguez
El Estado Argentino, en sus diferentes estamentos (nacional, provincial y municipal), ha incrementado sensiblemente el gasto público en las últimas décadas, sin que hubiera políticas estables en el tiempo tendientes a definir su financiamiento.
Las consecuencias negativas para la economía producidas por la emisión monetaria y la colocación de deuda interna y externa, parecen indicar que la única tabla de salvación que éste dispone, reside en la creación o suba de impuestos.
Desde su llegada al poder la actual administración ha mostrado su voluntad de aumentar la imposición sobre los patrimonios, intentando alcanzar manifestaciones concretas de capacidad contributiva.
El incremento de la presión fiscal quedó de manifiesto entonces con la suba de las tasas del Impuesto sobre los Bienes Personales y la sanción del Impuesto a la Riqueza bajo la figura del Aporte Solidario, justificado este último por el contexto de la pandemia.
Esta decisión generó la decepción de los contribuyentes que habían decidido exteriorizar sus tenencias en el país y en el exterior dos años antes, confiados en que sus patrimonios no sufrirían la erosión ocasionada por la aplicación de nuevos gravámenes o el incremento de los existentes.
Por otra parte, lo habitual. Quienes son llamados a solventar los gastos del Estado, perciben que no reciben de éste ninguna contraprestación.
Aquí radica a nuestro juicio la clave sobre la percepción que tienen los contribuyentes sobre la presión fiscal en país: sienten que se paga mucho con relación a los beneficios que se reciben del Estado.
Debe considerarse además que las políticas adoptadas durante el último año, tendientes a reducir la carga fiscal sobre los salarios y las Pymes, con la consecuente pérdida de recursos genuinos por parte del Estado, resultaron insuficientes a raíz del efecto que la inflación genera sobre la capacidad de consumo de los contribuyentes.
La falta de estabilidad normativa en materia fiscal quedó de manifiesto con el cambio de gobierno. Mientras que a fines de 2017 se decidió reducir la imposición sobre las sociedades de capital a fin de lograr la llegada de inversiones externas, la nueva administración decidió desandar el camino bajo el fundamento, tal como surge del mensaje de elevación del proyecto de ley al Parlamento, devenido en la sanción de la Ley 27.541, de que “la inversión en nuestro país no es particularmente sensible a la tasa del Impuesto a las Ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico”.
En lo que respecta a las haciendas locales (Provincias y Municipios), se percibe una situación anárquica, a partir de la firma del último “Consenso Fiscal”, que ha suspendido la baja de las alícuotas de imposición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, avalando la generación de confiscatorios saldos a favor del gravamen producto de los regímenes de recaudación, y a su vez, habilita a los Municipios para que sigan exigiendo el pago de verdaderos impuestos ocultos detrás de las denominadas Tasas de Seguridad e Higiene.
Como conclusión, podemos afirmar que el sistema tributario argentino carece de estabilidad normativa, siendo su único objetivo la obtención de recursos tendientes a financiar un gasto público descontrolado sin tomar en consideración los efectos colaterales que este accionar pueda tener en la economía.
Mientras no existan políticas de estado que se mantengan en el tiempo, tendientes a un piso mínimo de estabilidad que permita un crecimiento económico sostenido, la sociedad estará condenada a seguir disponiendo de sus rentas y patrimonios para mantener un Estado ineficiente e inoperante.
