En la última edición del año de la Revista GBA Profesional, conversamos con Juan Manuel Jara, Contador Público (Tomo 152 – Folio 56 – CPCEPBA), ex Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En un contexto de fuerte escrutinio internacional, la Argentina logró evitar su inclusión en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una situación que hubiera tenido un impacto económico significativo. Juan Manuel Jara, Contador Público y ex Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF), formó parte de la comitiva encargada de defender la posición del país durante el proceso de evaluación internacional, que analizó el funcionamiento del sistema argentino de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el período 2019–2023 y cuya definición final se debatió en el Plenario del GAFI celebrado en París en octubre de 2024.
En esta entrevista, Jara explica qué implicó integrar ese proceso de defensa técnica e institucional: desde la necesidad de comprender en profundidad el funcionamiento integral del sistema de prevención argentino, hasta la preparación de una línea de defensa coordinada entre la UIF y los distintos organismos que lo integran, con el objetivo de responder a eventuales cuestionamientos de otros países y cuerpos regionales. Asimismo, destacó que dicho proceso requirió comprender qué se considera un sistema de prevención eficaz en cualquier país o región, conforme a las Recomendaciones del GAFI, y cómo demostrar, con evidencia concreta, que el esquema argentino se encontraba razonablemente alineado con esos estándares internacionales, aun considerando las particularidades propias del contexto local.
Asimismo, analiza el rol central de la UIF dentro del sistema, la importancia de la articulación público-privada y el enfoque basado en riesgo promovido por el GAFI. Aborda también el contexto que dio lugar a la Resolución UIF N.º 42/2024, sus implicancias para el sector contable y la necesidad de adecuarla a la realidad argentina mediante una Evaluación Sectorial con respaldo técnico impulsada por la UIF, desarrollada junto a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, los Consejos Profesionales y el Banco Mundial, y con la participación de otros actores del sistema de prevención.
Finalmente, reflexiona sobre el rol estratégico de los contadores dentro del sistema de prevención, la importancia de la capacitación y concientización impulsadas por los Consejos y la Federación, y los desafíos que enfrenta la profesión en un escenario atravesado por cambios normativos, tecnológicos y por una creciente inserción de la Argentina en los mercados internacionales.
El rol de la UIF dentro del sistema de prevención y los sujetos obligados
Consultado sobre la función de la Unidad de Información Financiera, Jara explicó que se trata de “Un organismo creado para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todo el territorio nacional, que trabaja con información de inteligencia nacional e internacional para la elaboración de informes. También es un organismo que colabora con otras UIF del mundo a través del intercambio de información”.
Asimismo, señaló que la UIF supervisa a los sujetos obligados, controla el cumplimiento de la normativa vigente y aplica sanciones ante eventuales incumplimientos. Recordó que la Ley 25.246, en su artículo 20 establece el listado de sujetos obligados, entre los cuales se encuentran los contadores públicos. “La responsabilidad de estos sujetos es aplicar controles para evitar ser utilizados por organizaciones criminales que intentan introducir fondos de origen ilícito en el sistema económico y financiero y la de colaborar con el sistema de prevención realizando los reportes correspondientes”, agregó.
Importancia sobre la Articulación público–privada para el funcionamiento del sistema
Al referirse al funcionamiento del sistema de prevención, Jara subrayó la importancia central de la articulación, interacción continua y en fomentar la creación de espacios para el intercambio técnico entre el sector público y el sector privado. “Los organismos públicos, y en particular la UIF, cuentan con equipos técnicos altamente capacitados. Sin embargo, resulta materialmente imposible que un funcionario, por más idoneidad que tenga, conozca en profundidad la operatoria práctica, las dinámicas internas y las particularidades de todos los sectores alcanzados por la normativa”, explicó.
En ese sentido, destacó que el diálogo permanente y la colaboración institucional son elementos indispensables para el correcto funcionamiento del sistema. “Cada sector conoce mejor que nadie cómo opera en la práctica, cuáles son sus procesos reales, dónde se encuentran los puntos críticos y cómo percibe sus propios riesgos. Esa información es clave para que la autoridad de control pueda diseñar regulaciones adecuadas, proporcionales y efectivas en función de lo establecido en la Recomendación 1 del GAFI y su definición de Enfoque basado en Riesgo. La ausencia de interacción genera regulaciones desconectadas de la realidad, con bajos niveles de cumplimiento y menor efectividad preventiva”, señaló.”
Su experiencia en la Dirección de Análisis de la UIF
En relación con su rol dentro del organismo, Jara recordó que estuvo al frente de la Dirección de Administración y posteriormente de la Dirección de Análisis de la UIF. Esta última es la encargada de recibir y procesar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reportes sistemáticos, información proveniente del exterior y otros insumos relevantes.
“A partir de esa información se elaboran informes de inteligencia que se ponen a disposición del Poder Judicial, que es el órgano competente para llevar adelante las investigaciones”, explicó. También destacó que la UIF cuenta con amplias facultades para requerir información adicional y que la Dirección de Análisis emite diseminaciones, es decir, comunicaciones generales dirigidas a los sujetos obligados sobre patrones de conducta o tipologías detectadas, con el objetivo de reforzar los controles preventivos.
Resolución UIF 42/2024 y contexto del proceso de evaluación del GAFI
Al referirse a la Resolución UIF N.º 42/2024, Jara explicó que su publicación se dio en un contexto particularmente exigente, marcado por el inicio del proceso de Evaluación Mutua del GAFI a mediados de 2023. “La Argentina debía demostrar, sin excepciones, que al 26 de marzo de 2024 su marco normativo vigente cumplía con los estándares internacionales vigentes. Desde que asumimos a mediados de febrero 2024 hasta la fecha limite no había tiempo real para una revisión integral de todas las resoluciones que estaba en proceso de publicación, a la vez que debíamos prepararnos para recibir al equipo evaluador de GAFI desde la primera semana de marzo 2024”, señaló.
Desde su perspectiva, sostuvo que la Resolución 42, en lo que respecta al sector contable, requería un análisis más profundo y una adecuación a la realidad local. “La norma reproduce en gran medida la Recomendación 22 del GAFI, que no siempre se ajusta a la estructura, dimensión y características de la mayoría de los estudios contables argentinos”, explicó.
Evaluación sectorial y adecuación normativa. Mi participación desde la UIF y posteriormente desde la FACPCE.
En relación con la necesidad de adecuar la Resolución UIF N.º 42/2024 a la realidad del sector contable argentino, Jara explicó que la herramienta técnica idónea para hacerlo sin comprometer la evaluación internacional fue la realización de una Evaluación Sectorial.
En ese marco, indicó que a mediados de 2024 se inició un trabajo conjunto entre la UIF, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y los Consejos Profesionales, con el asesoramiento metodológico del Banco Mundial. Dicho trabajo se orientó a identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo propios del ejercicio profesional del contador. “La utilización de una metodología validada internacionalmente es clave, porque permite que los resultados obtenidos sean técnicamente sólidos y eventualmente utilizados como fundamento para introducir ajustes normativos sin que ello sea interpretado como un retroceso en materia de cumplimiento”
Asimismo, destacó que, una vez finalizadas sus funciones en la UIF en febrero de 2025, continuó vinculado a este proceso participando por parte de la FACPCE. En junio 2025 se realizó un encuentro técnico en las oficinas del Banco Mundial en la Argentina, en el que intervinieron representantes de los sectores público y privado involucrados en el sistema de prevención”, explicó.
Finalmente, Jara remarcó que este tipo de procesos fortalecen el sistema de prevención en su conjunto. “Cuando las normas se apoyan en datos, análisis técnico y conocimiento real del sector, se logra mayor cumplimiento, mayor efectividad y un sistema más creíble tanto a nivel local como internacional”, concluyó.
Defender al País: GAFI, lista gris e impacto económico
Al referirse al proceso de evaluación internacional llevado adelante por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Jara destacó la magnitud y complejidad que implicó formar parte de la comitiva encargada de defender la posición de la Argentina. “Integrar la comitiva significó, en primer lugar, comprender en profundidad el funcionamiento integral del sistema argentino de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”, explicó.
En ese sentido, señaló que el proceso evaluó un período extenso, comprendido entre los años 2019 y 2023, lo que requirió analizar cómo había operado el sistema de prevención en su conjunto durante esos años. “Fue necesario relevar y entender cómo trabajaron los distintos organismos que integran el sistema —la UIF, los organismos supervisores, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y otros actores relevantes— y cómo se articularon entre sí en materia de prevención, supervisión, análisis e investigación”, indicó.
A partir de ese diagnóstico, se trabajó desde la UIF y en coordinación con el resto de los organismos del sistema en la construcción de una línea de defensa técnica e institucional. “El objetivo fue poder demostrar, con evidencia concreta, que el sistema argentino funcionaba de manera razonable y alineada con los estándares internacionales, más allá de las particularidades propias del contexto local”,”y más desafiante aun cuando el periodo analizado comprendia desde 2019 a 2023, es decir, antes de asumir las funciones” explicó.
Jara señaló que sus primeros meses de gestión resultaron especialmente desafiantes, al coincidir con una etapa crítica del proceso de Evaluación Mutua. “Durante la primera semana de marzo de 2024, apenas dos semanas después de haber asumido nuestras funciones en la UIF, la Argentina recibió la visita in situ del equipo evaluador del GAFI, que llevó adelante entrevistas, relevamientos y análisis sobre la información del país”, explicó. Indicó que, con posterioridad a dicha visita, se mantuvieron múltiples intercambios técnicos con el equipo evaluador, entre los cuales se destacó el análisis de la “Ley de blanqueo” Nº27.743 y su impacto sobre el sistema de prevención. “Uno de los puntos de consulta recurrentes fue explicar por qué esa norma no afectaba el funcionamiento ni la efectividad del sistema argentino de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”, señaló. Finalmente, recordó la resolución de las calificaciones asignadas a la Argentina debatidas en el Plenario del GAFI celebrado en París en octubre de 2024. “En ese ámbito, cada país miembro y cada cuerpo regional con participación tiene la facultad de intervenir, formular observaciones y, eventualmente, solicitar la revisión —al alza o a la baja— de las calificaciones otorgadas”, concluyó.
En ese contexto, Jara subrayó que la defensa de la Argentina representó un desafío de enorme magnitud. “Había que estar preparados para responder técnicamente ante cualquier cuestionamiento que pudiera surgir durante el plenario. Cualquier país podía plantear que la calificación otorgada a la Argentina debía ser inferior en alguno de los temas evaluados, lo que hubiera tenido consecuencias muy relevantes”, señaló.
Por ello, destacó la importancia de la preparación previa y del trabajo coordinado. “La defensa no podía ser individual ni improvisada. Requirió respuestas sólidas, técnicamente fundadas, coherentes y coordinadas con el resto de los organismos del sistema de prevención, para justificar que la Argentina cumplía con los estándares exigidos por el GAFI”, afirmó.
Finalmente, Jara explicó que evitar una degradación en las calificaciones y, en particular, el ingreso a la denominada ‘lista gris’, era un objetivo estratégico para el país. “El Fondo Monetario Internacional estima que la inclusión de un país en lista gris implica una merma en la economía de alrededor de ocho puntos del Producto Bruto Interno. Además, genera un aumento del riesgo país, reduce el atractivo para la inversión extranjera y dificulta significativamente las operaciones internacionales”, sostuvo.
“En términos concretos, estar en lista gris implica que el país es percibido como no confiable en materia de prevención de lavado de activos, lo que impacta directamente en el comercio exterior, el sistema financiero y las inversiones. Por eso, el proceso de evaluación y la defensa de la Argentina en el GAFI fueron un desafío técnico e institucional de primer orden”, concluyó.
El rol del contador y el futuro de la profesión. Nuevas oportunidades.
Al reflexionar sobre el futuro de la profesión, Juan Manuel Jara señaló que se trata de un escenario desafiante, atravesado por profundos cambios tecnológicos. “La creciente digitalización y el avance de la inteligencia artificial están simplificando y automatizando muchas tareas tradicionales del ejercicio profesional”, explicó. Sin embargo, remarcó que estos cambios deben ser interpretados como una oportunidad. “La simplificación de tareas impositivas y administrativas permite que el contador concentre su trabajo en actividades de mayor valor agregado”, sostuvo, destacando áreas como el análisis de inversiones, la estructura de costos, la planificación fiscal y financiera, el asesoramiento integral y la toma de decisiones estratégicas.
Desde su perspectiva, el contador debe asumir un rol más amplio y transversal dentro de las organizaciones, con una comprensión integral de la situación económica, financiera y operativa del cliente, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, donde suele ocupar un lugar central como asesor de confianza. En ese sentido, subrayó que la formación integral debe anteceder a la especialización. “Para la mayoría de los estudios contables, es fundamental contar primero con una visión global del negocio y del entorno económico; la especialización llega luego como una profundización natural”, concluyó.
En lo que respecta a su especialidad, señaló que la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo tendrá un rol cada vez más relevante, especialmente en un contexto de mayor inserción de la Argentina en los mercados internacionales. “La apertura al mundo exige estándares más altos de transparencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. En ese escenario, el contador tiene un rol clave dentro del sistema de prevención”, afirmó. Jara subrayó la importancia de que los contadores se involucren activamente en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. “El contador ocupa una posición estratégica dentro del sistema económico, con acceso privilegiado a información contable, financiera y patrimonial que resulta clave para identificar desvíos, inconsistencias y señales de alerta”, explicó. Desde su perspectiva, la participación del contador no debe limitarse al cumplimiento formal de obligaciones normativas, sino que debe asumirse como un rol profesional responsable dentro de un esquema de prevención más amplio. “La intervención temprana, el adecuado conocimiento del cliente, la correcta identificación de riesgos y el monitoreo razonable de las operaciones contribuyen no solo a proteger al sistema, sino también a resguardar al propio profesional y a su cliente”, sostuvo. En ese sentido, destacó que un involucramiento activo y consciente fortalece la calidad del ejercicio profesional, jerarquiza el rol del contador y genera un mayor valor agregado a su cliente.
En definitiva, consideró que la tecnología y los cambios regulatorios deben ser vistos como una oportunidad para jerarquizar la profesión. “Estudiar, incorporar nuevos conocimientos y aprovechar que la tecnología simplifica procesos permite liberar tiempo para dedicarlo a áreas de mayor valor agregado. Ese es el camino para fortalecer el rol del contador en el futuro”, concluyó.
Participación en nuestro Consejo Profesional
Jara sostuvo que la participación institucional es un aspecto central para el fortalecimiento de la matrícula y de la profesión en su conjunto. “Es importante cambiar la pregunta de ‘qué hace el Consejo por nosotros’ por ‘qué podemos hacer nosotros por el Consejo’”, señaló.
En ese sentido, explicó que quienes hoy integran el Consejo Profesional, participan en comisiones o asumen responsabilidades institucionales lo hacen, de manera ad honorem, compatibilizando esa tarea con el ejercicio profesional, la vida familiar y las responsabilidades personales. “Detrás de cada cargo institucional hay profesionales que, además de sus obligaciones laborales, también son padres, madres, tienen familia, amistades, intereses personales y necesitan, como cualquier persona, tiempos de descanso y de ocio”, afirmó.
Por ese motivo, alentó a quienes aún no participan a involucrarse activamente en la vida institucional. “Es fundamental que más profesionales se acerquen, participen, se sumen a los espacios de trabajo y acerquen propuestas. El Consejo se fortalece cuando hay pluralidad de miradas, renovación y participación”, sostuvo.
Finalmente, Jara concluyó que el crecimiento institucional es una responsabilidad colectiva. “El Consejo necesita del compromiso de todos. Participar, aunque sea con un aporte pequeño, contribuye a mejorar la institución y, en definitiva, a fortalecer la profesión y su rol frente a los desafíos que vienen”, concluyó.
